Un grupo de asociaciones sindicales denunciaron que el veto de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, hacia un proyecto que propone paralizar los cambios al Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) afectaría a miles de familias y representa una traición al primer centro docente del país.
La Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) insistió en que los trabajadores y profesores de la UPR, así como los pensionados, esperaban que, al menos esta vez ante la crisis de la pandemia, la primera ejecutiva decidiera firmar la resolución que paralizaba los cambios al Sistema de Retiro.
La Resolución Conjunta 655 pretendía “ordenar a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico mantener el plan de beneficios definidos vigente, incluyendo detener cualquier intención de aumentar la edad para jubilación de los servidores públicos del sistema de la Universidad” (RC 655).
“La gobernadora Wanda Vázquez Garced nos traicionó. Le pedimos a la Cámara y al Senado que vayan por encima del veto porque es lo justo para las 18 mil familias de trabajadores, profesores y pensionados de la UPR”, manifestó la presidenta de la HEEND, Jannell Santana Andino.
La líder sindical resaltó que la mandataria tomó esa decisión con información errada y cuestionable que le presentó la Junta de Gobierno de la UPR. Asimismo, resaltó que los datos que le presentaron a la mandataria se fundamentan en estudios hechos por la firma BDO, implicada en casos de corrupción.
Santana Andino indicó que la primera ejecutiva tampoco escuchó los planteamientos de la Junta del Fideicomiso de Retiro, que tiene estudios preparados por entes responsables que contradicen las versiones de la Junta de Gobierno de la UPR.
Igualmente, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) hizo un llamado, a todos los legisladores de Puerto Rico, a defender el Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, y que vayan por encima del veto de la Resolución Conjunta 655, emitido por Vázquez Garced el pasado sábado, 18 de abril.
“Todos los legisladores que vieron en la legislación conjunta un ejercicio de justicia y defensa de los intereses de la Universidad y de los participantes de su Sistema de Retiro deben dejarle claro a la gobernadora de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal y la Junta de Gobierno de la UPR, que están firmes en la defensa del sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico”, afirmó el presidente de la APPU, Ángel Rodríguez Rivera.
La resolución vino como resultado de gestiones que se hicieron por parte de los distintos sectores de la comunidad universitaria para defender su Sistema de Retiro. La medida fue radicada por los representantes Denis Márquez, José Pérez Cordero y Luis Pérez Ortiz.
“Ante la injusticia y la mezquindad de la Junta de Gobierno en el proceso de cambiar las condiciones de nuestro sistema de retiro sin siquiera tener la decencia de consultar con la comunidad universitaria, los sectores de trabajadores de la UPR nos movimos a la Legislatura y los legisladores entendieron la justeza de nuestros planteamientos y aprobaron la resolución conjunta” señaló Rodríguez Rivera.
Por su parte, la gobernadora justificó su veto en que la ley universitaria “no requiere un plan de pensiones bajo un modelo específico”.
“Todos estos cambios en la forma y manera en que se establece la subvención procedente del gobierno suponen un cambio paradigmático para la UPR que la obliga a considerar ajustes a todos los niveles”, sostuvo la gobernadora en entrevista con El Nuevo Día.
La APPU comenzó una campaña en las redes sociales para compartir el rechazo hacia el veto. Utilizando el #RetaElVeto, la asociación invitó a la comunidad universitaria a preparar carteles virtuales en contra de la acción de la gobernadora.
