Por: Víctor M. Rodríguez Bultrón
El presidente del Consejo General de Estudiantes del recinto de Mayagüez pidió información acerca del Plan Fiscal de la UPR mediante una carta dirigida a la Junta de Gobierno de la Universidad.
El presidente del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Marcus J. Ramos Cintrón, cursó una carta al presidente de la Junta de Gobierno de la Institución, Walter Alomar Jiménez, solicitando información referente a asuntos del Plan Fiscal de la UPR.
“Con el fin de validar el espíritu de las reuniones que ha llevado a cabo con presidentas y presidentes de los Consejos Generales de Estudiantes – en las cuales ha manifestado una disposición al libre flujo de información y colaboración estrecha con componentes de la comunidad universitaria- se hacen las siguientes solicitudes de información y acción”, lee parte de la misiva enviada por Ramos Cintrón.
Entre lo peticionado se encuentran información sobre intentos de comunicación entre la Junta y entes gubernamentales en referencia al diseño de lo que será el nuevo Plan Fiscal de Puerto Rico; y los cambios que él conllevaría al Plan Fiscal de la UPR y la circulación del plan fiscal junto con la data que se utiliza durante un tiempo razonable para la colaboración informada de la comunidad universitaria.
Asimismo, en la carta se le pregunta a Alomar Jiménez sobre si se abriría algún espacio de colaboración entre las partes del caso federal en el que la Asociación de Profesores y Profesoras del Recinto Universitario de Mayagüez (APRUM) demandó a varios funcionarios del Gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Universidad argumentando la legalidad del Plan Fiscal, esto en el pasado mes de julio.
La interrogante del presidente del Consejo surge a raíz de que las partes llegaron a un acuerdo para realizar una moción conjunta en la que el litigio quedara suspendido haste que los planes fiscales tanto del país, como de la Universidad, quedaran aprobados por la JSF.
“Es de interés de la Universidad de Puerto Rico que tanto la administración como las partes interesadas (“stakeholders”) de la comunidad universitaria emprendan un curso en conjunto para atender los retos y proyectos que han de determinar la supervivencia del proyecto de educación superior más abarcador e imprescindible para el país”, argumentó Ramos Cintrón en la misiva.
“La posposición del Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico nos da la oportunidad para comenzar a colaborar y sostener conversaciones que redunden en beneficios para la institución a la que servimos. Es imperativo para la UPR que los cambios propuestos tomen en consideración las limitaciones, detalles y posibilidades que solo los que viven el día a día en los pasillos y aulas de la UPR conocen”, puntualizó.
La carta culmina con el presidente del CGE-RUM afirmando que no tiene la menor duda de que la administración y la comunidad universitaria podrían, en conjunto, proteger lo que llamó su “PROMESA”, en clara referencia a la ley federal que da vida a la Junta de Supervisión Fiscal.
