A pesar de su rol fundamental en la emergencia, los albergues de violencia de género luchan ante los retos económicos incrementados por la ineficiencia del gobierno durante la COVID-19, reveló un estudio de Mentes Puertorriqueñas en Acción (MPA).
“Los albergues no han recibido ninguna ayuda por parte del gobierno desde que comenzó la pandemia. Es el programa de fondos estatales que recibe más recortes. Dado a la falta de fondos han tenido que limitar sus servicios y se han cerrado albergues. Además, han tenido problemas de acceso a los servicios de salud, a las pruebas y a contactar a profesionales de la salud”, mencionó la estudiante de psicología Nicole Mendoza Rivera.
El término violencia de género se utiliza para destacar que gran parte de la violencia contra la mujer tiene raíces en las desigualdades de género que perpetúan una dependencia jurídica, social o económica en que se encuentran las mujeres en la sociedad, según la Organización Panamericana de la Salud. En Puerto Rico, la Policía ha registrado miles de incidentes de violencia doméstica desde que comenzó la pandemia, estadística que resalta en medio de críticas al gobierno por los recientes secuestros y desapariciones de mujeres.
Los refugios de violencia de género trabajan las 24 horas al día sin cese de operaciones; ofreciendo una variedad de programas y servicios para las sobrevivientes tales como: acompañamiento en procesos legales, servicios psicológicos, consejería, trabajo social y talleres socioeducativos.
A pesar de la asignación de fondos federales para Puerto Rico por la COVID-19, la ayuda gubernamental ha estado ausente para los los refugios de violencia de género desde que comenzó la pandemia en marzo, visibilizó la investigación del MPA titulada“Sobrevivientes: Albergues de violencia de género enfrentándose al Covid-19”.
En conferencia virtual sobre los hallazgos de la investigación, cinco de los ocho albergues de violencia de género en la Isla constataron que una de las agencias que ha incumplido es el Departamento de Salud al no realizar las pruebas cada dos semanas a las víctimas en los albergues.
El incumplimiento de Salud, obligó a los albergues a costear las pruebas de coronavirus, realizar medidas de autogestión para adquirir materiales higiénicos, desarrollar protocolos de servicio y crear espacios de aislamiento preventivo.
El análisis también revela que el costo para refugiar a una familia aproximadamente tres meses, en el albergue, es de $6,500 a $9,000. El aumento de gastos provocados por la pandemia y la falta de fondos públicos para operar han puesto en riesgo la continuidad de los servicios que ofrecen.
«En esos albergues hay muchos niños y niñas sobreviviendo la violencia junto a sus madres. No solo el estado le da la espalda a las mujeres, sino a sus niños y a todas las empleadas que también se afectan en todos los procesos. Se continúan empobreciendo a las mujeres de este país», expresó Álvarez.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud identifica la violencia contra la mujer como una emergencia de salud pública y una violación a los derechos humanos. Asimismo, la entidad plantea que es una situación que se exacerba durante las emergencias y desastres naturales, pues las víctimas están confinadas con sus agresores.
Sin embargo, la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, no reconoció a los albergues de violencia de género como un servicio esencial dentro de la orden ejecutiva establecida por motivos de la pandemia.
Según el estudio, la historia se ha repetido durante todas las emergencias y desastres naturales en Puerto Rico. Luego del paso de los huracanes Irma y Maria en el 2017, el gobierno no sostuvo una comunicación efectiva con los albergues de violencia de género a pesar de que sus espacios experimentaron inundaciones, daños a la propiedad y falta de personal.
También, durante los terremotos de enero 2020, las organizaciones tuvieron que acudir a ayuda ciudadanía y líderes comunitarios para identificar casos de violencia de género en su entorno.
Organizaciones urgen que se declare Estado de Emergencia
La estudiante de psicología Noemi Rivera Acevedo enfatizó la necesidad de declarar un Estado de Emergencia por violencia de género en el país; un reclamo constante de parte los albergues, organizaciones feministas y varios alcaldes de la Isla.
“Primero un Estado de Emergencia a causa de la violencia de género en el país [para] delegar más fondos a las organizaciones que están realizando este trabajo tan importante. [Los] albergues luchan por estas mujeres y las empoderan. A la ciudadanía, a seguir visibilizando la situación y aportando a través de donaciones», manifestó.
Incluso, el pasado martes, 29 de septiembre, la Colectiva Feminista, entre otras organizaciones, lideraron una manifestación delante de la sede del Ejecutivo local para que la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, declare un Estado de Emergencia por el aumento de los casos de violencia machista y la desaparición de algunas jóvenes.
Por su lado, la Procuradora de las Mujeres, Lesly Boria, responsabilizó a la gobernadora porque no se haya implementado un Plan de Acción contra la Violencia de Género luego de que decretó la Alerta Nacional contra la Violencia de Género en septiembre del año pasado.
«No es un secreto que la violencia de género, se suele subestimar mucho. Lo hemos visto en todos los escenarios de este país. Desde la prensa, en cómo se exponen las noticias y se lanza la responsabilidad a las víctimas y sobrevivientes, desde la ciudadanía en sus comentarios ante las noticias y cuando no se entiende la dimensión y las vivencias de mujeres víctimas de violencia doméstica. Lo hemos visto en debates políticos cuando aspirantes a la gobernación niegan una situación como lo que es la violencia de género. Todos estos asuntos nos muestran que estamos bien distantes de reconocerlo como un problema de salud pública que nos corresponde a todos y todas”, concluyó Álvarez.
El estudio surge de una colaboración de los estudiantes Nicole Mendoza Rivera, Yulianna Otero Asmar, Noemi Rivera Acevedo y Alejandro Rodriguez-Putnam, Siempre Vivas y el Programa de Apoderamiento y Retención de Agentes de Cambio en Mentes Puertorriqueñas en Acción.
