La firma de auditoría Ernst & Young también tiene sus dudas sobre el resultado final de la implementación del Plan Fiscal de la UPR que aprobó la Junta de Supervisión Fiscal
Por: Gabriel Pacheco Santa / MNNB
En su más reciente auditoría de los estados financieros de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la compañía estadounidense Ernst & Young (EY) arrojó dudas sobre la sostenibilidad económica de la institución, ya que muchas de las variables que abonan o restan a su presupuesto están fuera de las manos de sus directivos.
En múltiples instancias, EY comentó que “la capacidad de la Universidad para continuar recibiendo un apoyo operativo similar del Estado Libre Asociado y obtener financiamiento externo es incierta”.
Los auditores se refirieron a la asignatura del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico al presupuesto de la UPR por motivo de la fórmula del 9.6 por ciento, la mayor fuente de incertidumbre para los auditores. Según el informe publicado el pasado 14 de enero de 2019, se constató una disminución de casi 21 por ciento en la partida entre el 2017 y el 2018 – aún después de sumar remesas cercanas a los $37 millones otorgados a la UPR por la Legislatura de Puerto Rico solo para el 2018 —.
EY resaltó que su alta dependencia en las apropiaciones del Gobierno Central, que aportan casi el 68 por ciento del presupuesto de la institución, hacen a la UPR más susceptible a la pérdida de ingresos del Fondo General y las obligaciones financieras del Gobierno Central.
La UPR ha intentado amortiguar estas pérdidas con el aumento escalonado en el costo de la educación a sus más de 13,000 estudiantes de $57 el crédito subgraduado en el 2017 a $157 para el 2023. EY enfatizó que esto no será suficiente para compensar la reducción de casi un 43 por ciento en la asignatura del Fondo General que sufrirá la UPR en ese mismo año en comparación con los fondos otorgados en el 2017.
“La Universidad tiene una capacidad limitada para aumentar los ingresos operativos debido a los desafíos económicos y políticos relacionados con el mantenimiento de la inscripción y el aumento de la matrícula”, dictó el informe.
Además de subir los costos administrativos a los estudiantes (bajas parciales, traslados, etc.) y reestructurar los beneficios de sus empleados, los auditores recalcaron que la Universidad debe procurar subvenciones federales más agresivamente hasta alcanzar, al menos, un nivel cercano al de sus homólogos en Estados Unidos continental.
Aunque no cuestionó predicciones específicas del Plan Fiscal de la UPR para los años 2018 al 2023, revisado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el pasado octubre 2018, el EY dudó sobre su implementación e impacto.
“No hay certeza de que el Plan Fiscal de la Universidad Certificada (revisado y enmendado) se implementará por completo o, si se implementa, proporcionará los resultados esperados. Todos estos planes y medidas, y la capacidad de la Universidad para reducir su déficit y lograr un presupuesto equilibrado en los años fiscales futuros dependen de varios factores y riesgos, algunos de los cuales no están totalmente bajo su control”, lee el documento.
El futuro de la UPR ante la Middle States
Luego de agotar varios plazos de gracia, la UPR no logró someter evidencia suficiente para cumplir con los estándares mínimos de “planificación, recursos y mejorías institucionales” de la agencia acreditadora, por lo que sus 11 unidades recibieron el estatus de “show cause”.
En cambio, estas deberán demostrar individualmente, por escrito en o antes del 25 de enero de 2019, por qué merecen retener su acreditación. Entre los documentos más importantes que deben entregar a la MSCHE, resaltan aquellos que detallen estados financieros, fuentes de ingresos y planes para alcanzar el desarrollo financiero necesario para sustentar sus objetivos académicos y aseguren su sostenibilidad financiera.
A estos requerimientos se suma un “Teach-Out Plan” comprensivo e implementable que dicte el “curso de acción escrito que tomará una escuela [Universidad] para asegurar que sus estudiantes sean tratados de manera justa con respecto a terminar sus programas de estudio” en otras instituciones, en el peor caso que la MSCHE le retire la acreditación a alguno de los recintos de la UPR, indicó el Departamento de Educación Federal (DE).
Luego de visitar, el próximo febrero, cada campus para verificar la información sometida previamente por escrito, la Comisión tomará una decisión final sobre el estatus de “show cause” de cada recinto en marzo durante una reunión a la que los directivos de la UPR serán invitados. Si la MSCHE reafirma la acreditación de todas las unidades, establecerá fecha para la nueva evaluación. De lo contrario, el futuro de la Universidad estaría en juego.
Si la Comisión determina que alguno de los recintos de la UPR no merece retener su acreditación, este último no podrá recibir más fondos federales, entre los que se encuentra la Beca Pell de la que depende la inmensa mayoría de los estudiantes del sistema público. Sin beca, la UPR perdería el grosor de sus estudiantes – si no todos.
“Tendría implicaciones significativas para la habilidad de la Universidad de permanecer como una empresa en marcha”, sostuvo EY en el informe. En el caso de que todos las unidades de la UPR sean declaradas no fidedignas por la MSCHE, sería imposible para Puerto Rico mantener abierta el primer centro docente, dada la encrucijada fiscal que agobia a su Gobierno Central.
