Por Gabriel Pacheco Santa/ ARAB
«Levanten la mano los que saben el nombre del Gobernador de Puerto Rico”, les pidió el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá a los estudiantes, profesores y visitantes del Recinto Universitario de Mayagüez el pasado jueves, 28 de febrero, durante la presentación de su nuevo libro, Separación de poderes en Puerto Rico: entre la teoría y la práctica. Casi todos lo hicieron e incluso muchos murmuraron el nombre de Ricardo Rosselló – la respuesta correcta.
Luego preguntó por los representantes y senadores y al ver la confusión en las caras de casi la mitad de su público, en su mayoría joven, el licenciado sentenció que ahí yace una de las principales fallas del sistema democrático puertorriqueño.
“Nosotros en Puerto Rico queremos que el gobernador lo resuelva todo de un plumazo. Eso que queremos es una negación de la separación de poderes. En Puerto Rico, por razones históricas, los gobernadores, en cierta medida, casi mandan en la asamblea legislativa, particularmente cuando allí manda su partido”, añadió.
Esta desconexión entre los ciudadanos y sus legisladores estatales, discutió Acevedo Vilá, es síntoma de la falta de separación de poderes que filtra la política puertorriqueña desde las elecciones en los comicios hasta la redacción de las leyes en el Capitolio.
En su nuevo libro y a través del crisol de la constitución, Acevedo Vilá discute como las facultades del ejecutivo, la dinámica electoral cada cuatro años, la crisis fiscal del país y la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal han inclinado la balanza de poderes en Puerto Rico.
Veto de línea, un poder absoluto del que no goza ni el presidente de los Estados Unidos
Con algunos matices de la Ley Foraker (1900) y la Ley Jones (1917), que modelaron al gobierno local según el de Estados Unidos y le impusieron la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, respectivamente, la Constitución del 1952 del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico le restó poder a la Legislatura y se lo sumó al primer ejecutivo del país.
“El legislador mas poderoso que hay en Puerto Rico no tiene una banca en el Capitolio y se llama el gobernador. Nosotros hablamos, todos los días, de los proyectos de administración. Eso no existe. El gobernador manda unas cartas a la legislatura y los legisladores de su partido presentan el proyecto, pero el gobernador no tiene derecho a presentar proyectos de ley. Pero aquí no solamente se lo hemos reconocido, sino que lo esperamos de él”, añadió el exrepresentante.
El veto absoluto en materias de presupuesto, coloquialmente conocido como “veto de línea”, es uno de los poderes más controversiales que confiere la Constitución del ELA al gobernador de turno, quien puede tachar y reducir las asignaturas presupuestarias luego que la Asamblea Legislativa acuerda el presupuesto anual del gobierno.
“¡El veto de línea es un poder extraordinario! Yo no estoy argumentado si es bueno o malo, sino que simplemente eso no lo tiene ni el presidente de los Estado Unidos”, comentó Acevedo Vilá, quien no tardó en resaltar las diferencias entre EE. UU. y su territorio en el Caribe.
De hecho, la batalla legal y política entre Trump y el Congreso es sobre separación de poderes. El primero invocó una ley de emergencia para redirigir un dinero a la muralla, aunque el segundo lo asignó para otros fines. Sin embargo, tanto los legisladores demócratas como los republicanos le han recordado al presidente que el Congreso tiene el poder de la bolsa en el modelo de separación de poderes, no el presidente.
En Puerto Rico, el carácter absoluto del veto de línea le ata las manos a los legisladores, quienes comúnmente aprueban un presupuesto anual que contiene el “99.9 por ciento de lo que propuso el gobernador”, lamentó el exrepresentante. La Asamblea Legislativa “nunca ha ejercido su poder de decidir como se hace el presupuesto, que es lo más importante porque ahí es que se hace política publica”.
Funcionarios de gobierno ejerciendo sin ser electos por el pueblo ni confirmados por el Senado
La Constitución de Puerto Rico también le permite al primer mandatario nombrar a los miembros de su gabinete, como los secretarios de Justicia y Educación, durante el receso legislativo. Esta práctica, indicó Acevedo Vilá, es una negación de la separación de poderes porque el funcionario comienza a ejercer su función sin ser confirmado antes por el Senado de Puerto Rico.
Por ejemplo, “la agencia mas importante y poderosa que tuvo Puerto Rico, por años, fue el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). La ley nunca obligó a que [su jefe] fuera a confirmación del Senado. ¡Nunca!”, exclamó el licenciado.
No fue hasta el último cuatrienio que se enmendó la ley para que los nombramientos del BGF fueran confirmados por el Senado. Sin embargo, a los pocos años el banco quebró, abriéndole paso a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).
También se han visto nombramientos controversiales en la esfera federal. Los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), nombrados por el entonces presidente Barack Obama para atender la crisis fiscal del Gobierno de Puerto Rico en el 2016, comenzaron sus tareas en la isla sin ser confirmados por el Senado estadounidense.
“Recientemente, declararon inconstitucional los nombramiento de la Junta. ¿Por qué?”, se preguntó el jurista. “Esta es una disputa de separación de poderes. La constitución americana dice que el presidente nombra y el Senado confirma. ¡Se acabó! No hay otra forma de hacerlo si es un funcionario [no electo] del gobierno de EE. UU.”.
El ente federal al que la Ley PROMESA otorgó poderes cuasi-legislativos y cuasi-ejecutivos parecía intocable. No fue hasta mediados de febrero 2019 que el Circuito de Apelaciones de Boston declaró inconstitucional el nombramiento de sus miembros y dio 90 días al presidente Trump y al Senado para corregir el texto de PROMESA que violenta la constitución estadounidense antes de que se vea obligada a declarar inoperante a la JSF.
“Estamos en una especie de suspensión de nuestro modelo constitucional de pesos y contrapesos y de nuestros limitados poderes democráticos de autogobierno por la presencia de la Junta. No solo es antidemocrática e impuesta, [sino que también] es una negación de la teoría de la separación de poderes porque es ejecutivo y legislativo a la misma vez”, opinó Acevedo Vilá, quien ha cuestionado repetidamente la constitucionalidad de la Junta.
Un mejor sistema de pesos y contrapesos comenzando en las urnas electorales
En respuesta a este desbalance de poder en la democracia puertorriqueña, el exgobernador presentó varias medidas que, aunque no discute a profundidad en su libro, incluyó para fomentar la discusión de reformas democráticas y estructurales que, según él, debieron haber sido acogidas hace tiempo en este país.
“Mucha gente piensa que la separación de poderes es una forma que se le ocurrió a alguien para organizar al gobierno. ¡No! La separación de poderes es para proteger a toda la población de la posibilidad de un gobierno déspota. Es parte de nuestros derechos como individuos”, aclaró el también profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.
Abogó por desligar las elecciones de los legisladores de las de los ejecutivos estatales y municipales, como ya hacen los estadounidenses en sus elecciones de medio termino. Con este nuevo modelo, espera Acevedo Vilá, el alcalde no pueda ponerle presión al candidato a representante porque sus elecciones estarían separadas por dos años.
De esta forma, acotó, “el candidato a representante va a tener que comunicarse con el ciudadano y cuando salga electo va a tener mayor independencia de criterio del gobernador y del alcalde”.
También propuso un sistema electoral de dos rondas para escoger al primer ejecutivo de Puerto Rico. En la primera, competirían todos los candidatos que cumplan con los requisitos básicos establecidos por la ley. A menos de que algún candidato obtenga la mayoría absoluta de los votos en esa vuelta, los primeros dos deberían convencer a los grupos minoritarios si pretenden ganar el voto popular en la ronda final.
“Tenemos a un gobernador electo con el 42 por ciento del voto. Cuando Ricardo Rosselló juró, ya tenía al 58 por ciento del país en contra. La segunda ronda permite que surjan más partidos políticos pequeños. Permite que se unan mas candidaturas independientes”, explicó el exgobernador.
Argentina, Brasil y la República Dominicana son tres de los vecinos latinoamericanos que han adoptado las dos rondas electorales, al igual que Francia, Austria y Polonia en el continente europeo; en total, son más de cuarenta los países con sistemas electorales de este tipo.
La ley electoral, acordó el jurista, debe atemperarse a la nueva realidad política del país que ha visto candidatos independientes, como Alexandra Lúgaro, Manuel Cidre y José Vargas Vidot, retar al bipartidismo tradicional y formar las alianzas que ahora mismo prohíbe la ley.
Restringir el gasto gubernamental para evitar crisis fiscales en el futuro
“Yo estoy en contra de la Junta y quiero que se vaya mañana, pero estoy claro. La Junta no es la crisis, esa existía antes de la Junta. Si creemos que el día que se vaya la Junta nos vamos a ir a celebrar porque los problemas se resolvieron, vamos a caer en lo mismo”, puntualizó el exgobernador.
A estos fines, recomendó la revisión de la estructura jurídica y financiera de las corporaciones públicas que, como la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) que el mismo inauguró en el 2006, están en bancarrota.
Aunque Acevedo Vilá, junto a una legislatura novoprogresista, creó COFINA para emitir bonos y refinanciar la deuda pública, su sucesor en La Fortaleza, Luis Fortuño Burset, enmendó su ley orgánica para que los bonos de la corporación pública también financiaran el creciente déficit del gobierno central.
La moraleja de esta crisis que le costó a Puerto Rico la imposición de la JSF, aclaró el exgobernador, es que el gobierno central debe prohibir el financiamiento a largo plazo para cubrir los gastos operacionales del gobierno. En otras palabras, Acevedo Vilá sugirió hacer ilegal que el gobierno incurra en deudas para financiar sus operaciones sin miras a repagarlas sobre la marcha.
A estos fines, propuso el “pay as you go” que exige que toda medida gubernamental que proponga un gasto público o una reducción en sus impuestos venga acompañada de nuevos ahorros o ingresos en otro renglón, antes de convertirse en ley.
“Nuestra constitución dice cosas muy bonitas: ‘el presupuesto tiene que ser balanceado’, pero no hay ningún mecanismo para hacer cumplir el mandato constitucional. Las corporaciones públicas son las que nos han embrollado y nadie las controla. Tenemos que discutir estas y otras ideas para que el día en que la Junta no esté hayamos comenzado el camino que nos evite caer en esta misma crisis”, acotó el exgobernador.
