Por: Lola
Por mucho tiempo, la Universidad de Puerto Rico (UPR) fue conceptualizada como un derecho básico del pueblo y una responsabilidad de nuestro gobierno que representa la mayor inversión social y económica para Puerto Rico. Sin embargo, desde la imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF), los miembros de la comunidad universitaria hemos experimentado de primera mano como nuestra institución ha pasado a un segundo plano, a ser catalogada como un gasto adicional que ha de ser refinanciado, en contraste con lo que realmente es y debe continuar siendo la universidad pública de la isla.
Para años fiscales anteriores al 2017-2018, la UPR recibía aproximadamente $800 millones del Estado. Gracias a esa ventaja, se destacaba por un rendimiento académico de primer orden y un costo por crédito (aunque actualmente mayor que en el pasado) que intentaba asegurar la accesibilidad de la educación que ofrece. De ahí que la universidad solía ser la primera opción del estudiante puertorriqueño.
Hoy en día, la UPR se encuentra bajo una continua amenaza debido a los recortes presupuestarios impuestos por la JCF, pues desde el 2017, la Universidad ha sufrido recortes que ascienden los $300 millones. Este año fiscal, la JCF designó, cónsono con la postura de la administración de Pierluisi, que $94 millones adicionales serán restringidos para usos que no se relacionan con las deficiencias presupuestarias que enfrenta nuestra universidad, lo que ostenta el mismo efecto que un recorte. Esta decisión impulsaría a la UPR a operar bajo un presupuesto de $407 millones para las once unidades académicas, dejando a muchos recintos prácticamente inoperantes. Estas medidas de austeridad, impuestas por la JCF y aceptadas por el Gobierno Central, han exacerbado la precariedad de las finanzas de la Universidad hasta su punto de ebullición.
Las consecuencias que ha sufrido la institución como resultado directo de los recortes desmienten toda expresión de quienes negocian el presupuesto sobre el supuesto éxito que han tenido las medidas de ahorros implementadas en la universidad. La comunidad universitaria ha sido testigo y víctima de los resultados de estas medidas que han obligado a los recintos a recortar fondos de programas de ayudas estudiantiles, renegociar contratos de vivienda, disminuir significativamente la oferta académica, reducir la nómina de empleados y a aumentar los costos de matrícula, los cuales no dejarán de ascender hasta el año 2026.
Se han publicado testimonios de estudiantes que los han condenado a culminar sus estudios por el aumento en el costo del crédito, otros no ven el día en que podrán graduarse debido a la disminución de secciones en cursos que forman parte de su currículo, y algunos se han visto obligados a pedir un permiso especial para viajar horas a otro recinto para tomar un curso que se ha dejado de impartir.
Además de la preocupante reducción en la población estudiantil, que suma a once mil personas en el recinto riopedrense, se ha advertido en múltiples ocasiones que, ante los posibles ajustes delineados para lograr que la institución cumpla con sus funciones, se contempla el cierre de recintos.
Entre los múltiples problemas que los recortes presupuestarios han suscitado, la UPR, incluso, ha recibido amenazas de desacreditación por las instituciones acreditadoras. El 21 de marzo de 2017, días antes del comienzo de La Gran Huelga, el Middle States Commission on Higher Education (MSCHE, por sus siglas en inglés) envió una carta alertando al sistema universitario sobre la posibilidad de perder la acreditación por la especulada reducción de $450 millones en el presupuesto de la universidad y el incumplimiento con tres cláusulas de su reglamento, de las cuales dos estaban directamente ligadas a las finanzas.
Por otro lado, el 3 de febrero de 2021, la Escuela de Derecho emitió una resolución señalando que la escuela había perdido nueve plazas docentes de enseñanza y ocho de bibliotecarios docentes desde el 2011, incumpliendo con el estándar de acreditación del American bar Association que exige que ciertos cursos necesitan ser impartidos por facultad a tiempo completo. Aún no se ha generado la certificación de presupuesto necesaria para reclutar el personal requerido para cumplir con dichos estándares de acreditación.
Señala la Decana de la Escuela de Derecho, Vivian I. Neptune, que “historias similares se repiten en todas las Escuelas y Facultades del Recinto y de la UPR”. Finalmente, de los golpes más trágicos a causa de los recortes ha sido la pérdida de acreditación del Programa de Neurocirugía de la Escuela de Medicina por parte del Consejo de Acreditación para la Educación Médica (ACGME, por sus siglas en ingles).
Los estudiantes del recinto médico de la UPR advirtieron que dicho programa de residencia contaba con un déficit de equipo y personal médico desde antes del 2019 y, actualmente, advierten que nuevos recortes podrá poner en riesgo los demás programas de residencia. Es un hecho incontrovertible que las acreditaciones requieren una robusta solidez financiera y la JCF es responsable de socavar esa solidez.
No podemos hacer caso omiso a estos precedentes angustiantes que hemos visto en los últimos años. La secuela de estas consecuencias dependerá de las medidas que se tomen no solo para suspender los recortes, sino para asignar los recursos necesarios que se ajusten a las necesidades de la UPR para cumplir su misión social. Cabe mencionar que en múltiples ocasiones se le ha solicitado, sin éxito, a la JCF una audiencia para la UPR y sus distintos recintos.
Urge una valerosa defensa colectiva de parte de todos los miembros que componen la comunidad universitaria de la UPR para asegurar una educación pública y accesible que brille por su rigor y no por sus deficiencias. No podemos cubrir con un manto académico una responsabilidad social apremiante que nos exige participación activa como la de salvar la Universidad de Puerto Rico.
La solidez argumentativa del llamado a lucha descansa en la inmediatez y visibilidad del mal que han provocado los recortes, al igual que el potencial que poseen para continuar desmantelando la universidad. Cada año es más difícil suprimir la indignación ante una normalidad ficticia y contraria a la situación actual, por lo que resulta necesario retomar las riendas de la lucha. Es vital comenzar a fundar un proceso de defensa estratégica y escalonada que logre abrir una mesa de negociación entre la JCF y quienes componen la UPR para detener el impacto de sus políticas y órdenes fiscales.
Para ello, resulta imperioso que los estudiantes dejemos en el pasado el inventario de reprimendas que una vez recibimos, precisamente por advertir sobre la consecuencias de los recortes, e invitar a todo el que considere la UPR como ente esencial para el desarrollo social y económico de Puerto Rico a unirse a la lucha.Debo aclarar que esto no es un llamado a huelga, es un llamado a retomar la conversación que dejamos atrás en el 2017. Aunque, debo admitir que, mi posición es que si en algún momento los mecanismos de la lucha universitaria son necesarios para ejercer presión, ese momento es precisamente ahora.
Sin embargo, esa conversación que hemos de retomar, además de centrarse en salvar la UPR, tiene que reconocer que esta lucha está actualmente marcada por desconfianza, desinformación y descreimiento general en un gran sector de la población puertorriqueña. Aunque no debe ser ésta la situación y puede que me equivoque, hay que romper con esta desacertada noción y buscar apoyo dentro y fuera de la comunidad estudiantil para que esos esfuerzos sean más efectivos que en el pasado. De ahí que si alguien debe y tiene la responsabilidad de exponer a la ciudadanía miradas críticas sobre lo que acontece en universidad son precisamente los estudiantes.
Aunque muchos recintos se han dejado sentir en sus más recientes manifestaciones, resulta necesario unificar los esfuerzos estableciendo comunicaciones entre los consejos de distintas unidades académicas para encaminarnos hacia una solución. Por lo que, exhorto a la comunidad universitaria a difundir este mensaje y a fomentar, a la luz de lo propuesto, discusiones y estrategias de los temas que nos ocupan.
Tenemos que salvar a la Universidad de Puerto Rico.
Las expresiones vertidas en esta columna no necesariamente representan el sentir de Pulso Estudiantil
