Por: Víctor Torres Montalvo / Twitter: @motinsitepegas
Foto: Noticel
Nivia Fernández Hernández, presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), comunicó hoy a la Junta de Control Fiscal (JCF) y al Gobierno que no actualizará su plan fiscal, porque un recorte de $450 millones acabaría con la institución de enseñanza.
Las expresiones de la silla presidencial vienen luego de que ayer la JCF explicara mediante carta al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, que el Sistema UPR tenía que aumentar los recortes a la cifra antes mencionada.
«Si no hemos podido alcanzar una cifra de $300 millones con medidas de ajustes e ingresos nuevos, una reducción de $450 millones prácticamente haría desaparecer la educación universitaria pública en nuestra isla. Ante esta situación de urgencia, en coordinación con el Gobierno central, estaremos notificando a la JSF que no podremos someter un plan fiscal para la UPR para el 31 de marzo», sostuvo Fernández Hernández.
Entretanto, pidió una reunión con el presidente del ente, José Carrión, para «poder llegar a un entendido que asegure la permanencia de la UPR y que le permita tener un rol protagónico en la recuperación de Puerto Rico».
Asimismo, la presidenta -quien ayer solo dijo que Rosselló no decidiera la ruta a seguir- precisó que se siente «indignada» y «conmovida» por los efectos adversos que llevaría aceptar los ajustes al presupuesto. De igual forma, planteó que «igual sería devastador para Puerto Rico acoger las recomendaciones de la Junta que implicarían un recorte de 20% del salario de los empleados públicos».
De acuerdo con Fernández Hernández, las últimas movidas hechas por Administración Central van dirigidas a «identificar las medidas de generación de ingresos a través de alianzas de servicios con otras agencias». Se refiere a la reunión que tuvo con Rosselló y varios jefes de agencia el pasado martes en el Centro de Convenciones, donde se discutieron posibles oportunidades de ingresos propios a través del ofrecimiento de servicios al Gobierno.
Estuvo presente el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Departamento de la Familia, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (anteriormente conocida como OCALARH), el Departamento de Salud, el Departamento de la Vivienda, el Departamento de Justicia y la Autoridad de las Alianzas Público Privadas.
Esa reunión se une a una que tuvo el pasado 2 de marzo con la secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher; el director ejecutivo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy; el presidente del Banco de Desarrollo Económico, Christian Sobrino; y el secretario del Departamento de Agricultura, Carlos Flores.
Estos encuentros fueron provocados por la firma de la orden ejecutiva 2017-21, para promover alianzas interagenciales «para allegar mayores recursos económicos a la UPR». Junto al Empleador Único (Ley 8-2017), dice Rosselló, oscilarían entre $50 – $100 millones en ingresos.
Aunque su presidente, José Carrión, no redondeó porqué la decisión de pedir más ajustes a la UPR, sí dijo que el plan fiscal como tal es uno «extremadamente optimista», se basa en proyecciones «irreales» de crecimiento económico y subestima «sustancialmente» los gastos.
Añadió, también, que esos $450 millones serán producto de la «aplicación de medidas para crear una base de control para gastos futuros y la contemplación de otros métodos para la matrícula, mejoras en ingresos y mejoras operacionales».
