La historia de la lucha por los derechos reproductivos en Puerto Rico es vasta y se considera incesante por organizaciones como Profamilias Puerto Rico y Taller Salud, que han denunciado, durante años, la inexistencia de política pública que reconozca, proteja y haga accesible los derechos reproductivos en la Isla.
Para las personas gestantes, la potestad de decidir por sus opciones reproductivas fue obstruida desde la llegada del gobierno estadounidense, que aprobó política pública para legislar sobre sus cuerpos.
Desde el 1937, los cuerpos de las mujeres, en Puerto Rico, cargan las consecuencias de la Ley 136 —aprobada por el exgobernador Blanton C. Winship— que legalizó los procesos de esterilización para responder al “exceso de población”, según el documental La Operación.
La ley garantizó que, para 1946, el 6.5 por ciento de las mujeres puertorriqueñas estuvieran esterilizadas, registro que se elevó a 17 por ciento en el 1953. Para la década del setenta, una nueva ola de esterilización masiva sumó 24,000 mujeres puertorriqueñas adicionales, en cuestión de dos años, como víctimas de la esterilización forzada.
El proyecto de Winship se trató de una serie de procesos médicos que impactó mayormente a las mujeres empobrecidas, afrodescendientes y precarizadas por el estado, según la portavoz de Taller Salud, Alexandra Figueroa Miranda.
En la década del ochenta, Puerto Rico se convirtió en el país con más incidencias de esterilización en el mundo, debido a que, entre las décadas de los 30 y 70, el 33 por ciento de las mujeres puertorriqueñas fueron esterilizadas como resultado directo de políticas públicas que promovían la esterilización masiva y el uso de métodos de control de natalidad.
A causa de la relación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos, implementaron medidas de control poblacional que inferiorizaban los habitantes locales.
Como solución al alegado problema de sobrepoblación que atravesaba el archipiélago, los gobernantes “ fomentaban políticas de esterilización forzada o aprobaban proyectos que ponían tope a la cantidad de hijos que podía tener una persona para asegurar que no estuviesen naciendo más personas de estas”, explicó Figueroa Miranda.
Las personas gestantes, en Puerto Rico, no solo fueron víctimas de las olas de esterilización masiva, sino también de la experimentación de la píldora anticonceptiva, en los 1950, en mujeres pobres puertorriqueñas.
El experimento, que buscaba tantear los efectos de la píldora para ser mercadeado por el mundo, doblaba la dosis de lo que usualmente se receta hoy en día. Como resultado, una quinta parte de las mujeres que participaron sufrieron de los efectos secundarios que iban desde infertilidad hasta, en ocasiones, provocar cáncer, según el podcast La complicada historia de la píldora anticonceptiva.
A pesar de que los derechos reproductivos de las personas gestantes han sido vulnerados a través de la historia de Puerto Rico, la definición de este término es relativamente reciente.
En 1984, se acuñó el término “derechos reproductivos” en el Primer Tribunal por los Derechos Reproductivos en Holanda. En el evento, participaron cuatro mujeres puertorriqueñas, entre ellas Nirvana González Rosa integrante inicial de Taller Salud y feminista que abogaba por los derechos reproductivos.
La codirectora ejecutiva de Profamilias PR, Frances Collazo Cáceres, define los derechos reproductivos como “[un] elemento esencial de las habilidades de las mujeres y de las personas en general para poder funcionar como personas autónomas. Para poder tomar y controlar sus decisiones en cuanto a la reproducción”.
Por su parte, Figueroa Miranda expresó que los derechos reproductivos forman parte de una visión más abarcadora de la salud: “la salud reproductiva enmarcada en lo que son los derechos reproductivos. […]Históricamente han sido los cuerpos de las mujeres y personas gestantes los que han sido legislados, amenazados y amedrentados en su capacidad de poder apoyarse y mantenerse en salud”.
La lucha por los derechos reproductivos en Puerto Rico
Es a partir de las amenazas que sufren las mujeres y personas gestantes en Puerto Rico que se levantan banderas para exigir estos derechos.
Figueroa Miranda busca garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, a través de la educación y el activismo, desde Taller Salud, una organización feminista fundada en 1979 que se dedica a mejorar la calidad de vida de las mujeres.
Como parte de estos esfuerzos educativos, las decisiones informadas facilitan la protección de los derechos reproductivos.
“[Debe ser] a través del conocimiento de su cuerpo, a entenderse dueñas de sus procesos, para entonces quitarlas de las garras de una posible esterilización forzada, pero más allá de forzadas, sin consentimiento, sin conocimiento de las implicaciones que iban a tener a grande rasgo”, especificó la integrante de la organización.
González Rosa marca el año 1984, desde el Primer Tribunal por los Derechos Reproductivos en Holanda, como el comienzo “oficial” de la lucha por los derechos reproductivos en Puerto Rico.
“Cuando regresamos, empezamos a hablar de lo que habíamos estado haciendo nosotras por los primeros cinco años de Taller Salud, había sido justamente un trabajo por los derechos reproductivos, a través de nuestros talleres sobre métodos anticonceptivos, en contra de los métodos que eran dañinos para las mujeres, en contra de la esterilización masiva que hubo en Puerto Rico […], y comenzamos nosotras a integrar el concepto de derechos reproductivos a través de nuestros materiales”, narró la feminista que forma parte del colectivo desde la década del setenta.
La lucha por los derechos reproductivos no se limita al derecho al aborto libre, gratuito, seguro y accesible, ni al tema de los anticonceptivos; implica otros componentes, tales como brindar información y educación sobre los cuerpos gestantes y la educación sexual, concordaron las representantes de Taller Salud y Profamilias PR.
La realidad que afrontaron las personas gestantes, desde la década del treinta hasta el setenta, se debe a que no podían tomar decisiones informadas. Aunque no fueron obligadas de manera directa, los testimonios presentados en el documental La Operación evidencian que estas mujeres no fueron orientadas sobre los procesos médicos a los que estaban exponiendo sus cuerpos.
De esta manera, las organizaciones que gestionan la lucha por los derechos reproductivos, en Puerto Rico, no se manifiestan en contra de legislaciones sobre el cuerpo de las mujeres sino también promueven educar sobre los cuerpos gestantes como forma de resistencia.
“La lucha por esos derechos implica no solamente la defensa férrea de la salud sexual y reproductiva como una lucha feminista, pero [también] el acceso, el alcance y la educación, porque hemos visto cómo han sido los cuerpos gestantes, los cuerpos femeninos los que han sufrido […] toda la intervención por parte del Estado y también por parte de las ciencias médicas”, alerta Figueroa Miranda.
La lucha en el presente
Por su parte, la directora ejecutiva de Profamilias PR afirmó que es vital hablar sobre los derechos reproductivos en la actual coyuntura política.
Mientras los llamados movimientos pro-vida se adentran en espacios gubernamentales para legislar sobre los derechos de los cuerpos de las personas gestantes, las organizaciones que forman parte de la Mesa por la Campaña Nacional por el Aborto han educado a las comunidades, en oposición a cualquier intento por restringir los derechos reproductivos en la Isla.
“¿Dónde comienzan los derechos humanos, los derechos reproductivos? ¿En qué territorio? Pues en el primer territorio que tú tienes para el ejercicio de derechos que es tu cuerpo. Y si tú no puedes controlar tu primer espacio o territorio de derecho, imagínate, de qué democracia estamos hablando. La democracia comienza por el propio cuerpo, y eso no es tan solo con los derechos reproductivos, también es con los derechos sexuales y todo lo que tiene que ver con tu identidad sexual que tanto se está debatiendo en estos días”, declaró González Rosa, quien también colabora en la iniciativa.
Estas organizaciones educan a mujeres, en sus comunidades, para que defiendan ellas mismas sus derechos a la salud; diligencian fondos, como el fondo solidario de la Clínica IELLA, para hacer accesible el aborto a personas de escasos recursos; y trabajan en estrategias de incidencia.
Cada vez, hay menos accesibilidad para las personas, que se encuentran lejos del área metropolitana, que desean terminar con sus embarazos, puesto que las clínicas se encuentran en los pueblos de Carolina, Bayamón y San Juan.
De catorce clínicas de aborto que existían en Puerto Rico, solo permanecen cuatro, de las cuales una está en miras de cerrar por causa de la pandemia, informó González Rosa.
Por otro lado, la integrante fundadora de Taller Salud indicó que, a su entender, no hay ningún proyecto de ley que legisle sobre la expansión de los derechos en la terminación de un embarazo
“Las medidas que se están tomando son mucho más comunitarias y organizativas para asegurar ese acceso. Lo que sí estamos viendo es de ambos sectores, pues legislaciones que afectan para bien o para mal la salud de las mujeres como salud integral, no necesariamente con el derecho al aborto”, abundó.
Ante la ausencia de legislaciones que protejan los derechos de las personas gestantes, garanticen la educación sexual integral, y vigilen por el parto humanizado en Puerto Rico, Profamilias PR preparó junto a otras organizaciones, en mayo del año pasado, un modelo-propuesta para generar una política pública nacional sobre la salud sexual y reproductiva.
Sin embargo, el proyecto no se envió para evaluación ante las cámaras legislativas, dado que el colectivo concordó en que no sería respaldado por los legisladores de aquel hemiciclo.
La propuesta tenía la intención de definir a la salud sexual y reproductiva como un derecho fundamental y garantizar la educación sexual integral, que es necesaria para alcanzar la equidad de género, según la codirectora ejecutiva de Profamilias.
A pesar de las limitaciones, las organizaciones Profamilias PR y Taller Salud continúan abogando en lo que definen como una lucha incesante para proteger los derechos reproductivos de las personas gestantes.
