Por: Víctor M. Rodríguez Bultrón
La jueza Geisa Marrero Martínez halló causa probable para arresto en contra del expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Uroyoán Walker Ramos y el exrector Carlos Severino Valdez.
De doce y nueve cargos presentados por las fiscales Iris Meléndez Vega y Zulma Fuster Troche, del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), a Walker Ramos y Severino Valdés respectivamente, en seis para cada uno hubo causa para ir a vista preliminar.
José Velázquez Grau, abogado de defensa del expresidente de la UPR, manifestó estar en desacuerdo con el fallo de la jueza.
“A nuestro juicio, aquí no hay elemento ninguno de delito. A nuestro juicio, no existe jurisdicción para este caso porque fue fuera de término que se radicó, aunque la jueza en ese aspecto declaró no ha lugar”, argumentó el licenciado, quien nuevamente se mostró insatisfecho ante la utilización por parte de las fiscales de declaraciones juradas.
Walker Ramos irá a vista preliminar por cargos de violación al Artículo 4.2, Inciso B de la Ley de Ética Gubernamental para beneficiar a Carlos Pagán Cuevas y a Mónica Sánchez, al Artículo 264, Inciso B del Código Penal en los casos de Sánchez, Pagán Cuevas, y Arturo Ríos Escribano, además de por el delito de omisión del cumplimiento del deber.
El Artículo 4.2-B de la Ley de Ética sostiene que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.
Así mismo, el Artículo 264-B del Código Penal establece una pena fija de 8 años para cualquier empleado gubernamental que incurra en utilizar fondos públicos para «cualquier fin que no esté autorizado o que sea contrario a la ley o a la reglamentación”.
Por otro lado, entre los delitos que no procedieron contra el expresidente, se encontraban la violación al Artículo 4.2-B de la Ley de Ética Gubernamental para beneficiar a Arturo Ríos Escribano, omisión del cumplimiento del deber en las becas otorgadas a Ríos Escribano y a Mónica Sánchez, y tres cargos por intervención indebida en las operaciones gubernamentales.
Velázquez Grau se mostró conforme con que en seis cargos no se halló causa probable, mientras que Walker Ramos le “dio la bienvenida a una nueva oportunidad para que la verdad salga a relucir”.
Por su parte, el abogado defensor de Severino Valdés, Harry Anduze Montano, no quiso emitir comentarios.
El caso se vio hoy en la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan, y la vista preliminar está pautada para el 8 de enero del próximo año.
