Por: Gabriela Negrón Valdés/ MNNB
Un juez del Tribunal de Primera Instancia en San Juan encontró ayer causa para juicio contra cinco de los siete estudiantes acusados de irrumpir una reunión entre la Junta de Gobierno y la Administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que se llevó a cabo en abril del 2017.
La vista preliminar culminó el viernes con causas por violación al Artículo 156, restricción a la libertad agravado, y al Artículo 245, violencia e intimidación contra la autoridad pública.
Los acusados son: Francisco Santiago Cintrón, Randiel Negrón Torres, Thaliangelly Torres González, Verónica del C. Figueroa Huertas y Gabriel Díaz Rivera. Mientras que a Juan Carlos Collazo Vázquez y Paola Alexa Figueroa Carrasquillo no se le encontró causa para juicio.
“En el pasado, el movimiento estudiantil empujó un paquete legislativo que cayó ante oídos sordos en conjunto con exigencias políticas sobre qué debe ser nuestro futuro. Esas exigencias, que dieron paso a la huelga del 2017, aún están más que vigentes”, puntualizó Santiago Cintrón.
El universitario añadió que “las recientes medidas de la administración de la UPR, ejemplificado por la contratación de Jorge Haddock, en clara violación de certificaciones previas de la Junta de Gobierno y con un salario que es vergonzoso ante la realidad del país, queda claro que con quiénes únicos contamos son con grupos fuera del ámbito administrativo”.
Los estudiantes asediaron la reunión durante la evaluación y presentación de un borrador del plan fiscal para la institución.
“La universidad se encuentra en la misma encrucijada en la cual se encuentra el país. Situación que, en comparación con el año pasado, únicamente ha empeorado”, enunció Santiago Cintrón.
El estudiante expresó que la comunidad universitaria se enfrenta a “dos visiones sobre el rol que debe tener la UPR”. Estableció que la visión de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) es la educación superior como “un privilegio únicamente disponible para quien se endeude o tenga los recursos para pagarla”, mientras que los sectores estudiantiles defienden la educación pública.
El jueves, 20 de septiembre, será la lectura de la acusación y 16 de octubre se llevará a cabo el juicio.
Luego de la huelga del 2017 y la revisión del plan, se cerró la residencia estudiantil Torre del Norte, se redujeron las exenciones de matrícula y el crédito subgraduado aumentó a $115 por los mismos servicios.
