Dos estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Río Piedras se declararon culpables hoy, jueves, por los cargos menos graves que enfrentaban desde mayo de 2017 por interrumpir una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR durante la huelga sistemática de la Universidad.
Tras la alegación de culpabilidad, Alexa Paola Figueroa Carrasquillo y Juan Carlos Collazo, dos de los siete estudiantes que fueron acusados hace casi tres años, deberán pagar una pena de $100 antes del 27 de febrero, día en el que deben presentarse ante la jueza Eloína Torres Cancel en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para presentar la evidencia de pago.
La violación al código penal por la que fueron procesados fue el artículo 179, delito contra el derecho de reunión. El documento especifica que enfrentará cargos la persona que interrumpa, mediante fuerza, «una reunión oficial realizada, convocada o a cargo de una entidad u organismo gubernamental».
Tanto Figueroa Carrasquillo como Collazo, junto con los otros cinco estudiantes, enfrentaban cargos tras participar de la manifestación en la que interrumpieron una reunión de la Junta de Gobierno el 27 de abril de 2017 en la que discutían un recorte de $241 millones a la UPR para el plan fiscal.
La declaración de los dos estudiantes fue presentada tras la dilatación de los procesos judiciales y un acuerdo entre la defensa y fiscalía. Inicialmente, la vista de hoy, jueves, fue pautada para que el exagente investigador del caso y testigo de la fiscalía, Luis Muñoz Rodríguez, explicara cómo identificó a los siete alumnos como culpables de los cargos que enfrentaban.
Testigo del caso
Muñiz Rodríguez, se ausentó a la vista por razones de salud, y, además, el fiscal Carlos Ángel García indicó que le tomó por sorpresa porque no mantenían comunicación desde el 21 de enero, día en que se intentó celebrar esta misma vista por videollamada debido a que el testigo reside en Orlando. La cita judicial del mes pasado fue cancelada por problemas técnicos.
El que el testigo no se presentara hoy al Tribunal representó un gasto sin resultados para la defensa que costeó el pasaje del exagente para que asistiera, presencialmente, pues anteriormente la jueza superior Torres Cancel había determinado que no es responsabilidad del Estado proveer los testigos en esta etapa del caso.
Además, la defensa costeó el pasaje a uno de los abogados que viajó a Orlando para presenciar la vista junto al testigo el 21 de enero para identificar reacciones del exagente que pudieran pasar desapercibidos como información para los letrados debido a las limitaciones que presentaba ver a Muñiz Rodríguez desde un televisor.
Los otros cinco estudiantes, quienes aún enfrentan cargos graves y menos graves, fueron citados para el 25 de febrero a una “conferencia sobre estado de procedimientos” en la que fiscalía presentará opciones a cada acusado para así cerrar el caso. De no aceptar las determinaciones del fiscal, el proceso judicial continuará hasta el juicio por jurado.
Los alumnos son Verónica Figuera Huertas, Randiel Negrón Torres, Francisco Santiago Cintrón, Thaliangelly Torres González y Gabriel Díaz Rivera.
ARAB
