Una huelga sistemática decretada por los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) el 5 de abril de 2017, fue el método por el cual optaron para transmitir sus reclamos en contra de medidas presupuestarias recomendadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), ente federal que administra las finanzas del país, a la administración de la UPR.
La noche del 27 de abril de 2017, integrantes de la Junta de Gobierno (JG) de la UPR se encontraban en la oficina de Administración Central en el Jardín Botánico de Río Piedras trabajando en las determinaciones del plan fiscal de la institución, que contemplaba un recorte de $241 millones entre 2021 y 2026. Dichas determinaciones debían entregarse a la JSF y al exfuncionario Ricardo Rosselló Nevares. Durante la reunión, decenas de estudiantes que llevaban horas esperando frente al edificio para dialogar con este ente, entraron al edificio a la fuerza, e interrumpieron la reunión para que firmaran los reclamos estudiantiles.
No obstante, este no fue el primer intento de diálogo con las autoridades universitarias.
Tras la eventualidad, los estudiantes volvieron al recinto, y la expresidenta interina de la UPR Nivia Fernández fue escoltada hasta su auto; los hechos transcurrieron sin la intervención de la Policía. 10 días después, 11 estudiantes recibieron en sus casas una citación para asistir a regla seis, la primera fase del proceso judicial tras ser acusados por la comisión de delitos graves y menos graves, en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
Los estudiantes citados fueron Alexa Paola Figueroa Carrasquillo, Verónica Figueroa Huertas, Randiel Negrón Torres, Francisco Santiago Cintrón, Juan Carlos Collazo, Thaliangelly Torres González, Gabriel Díaz Rivera, Mikael Eded Rosa Rosa, Juan Carlos Silén Hernández, Ileana Marie Ayala Fontánez y Ernesto Alejandro Beltrán Feliciano. Los primeros siete aún enfrentan cargos.
A continuación, la línea del tiempo del caso judicial contra estos estudiantes que participaron de la manifestación:
2017
- 27 de abril – Estudiantes interrumpen reunión de la Junta de Gobierno en el Jardín Botánico. La Policía y el Departamento de Justicia anuncian que investigarán el suceso.
- 9 de mayo – Comienza proceso judicial tras determinación de causa para arresto contra siete de los 11 estudiantes por restringir la libertad durante la manifestación (artículo 156), por violar el derecho a reunión (artículo 179), y por empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública según el Código Penal de Puerto Rico. Cada uno de ellos pagó una fianza de $6,000.Mientras, hallaron no causa contra los otros cuatro por falta de evidencia que les inculpara. En la calle frente al Tribunal de Primera Instancia en San Juan, estudiantes, profesores y civiles se manifestaron en rechazo a las citaciones que recibieron los 11 estudiantes. La fiscal del caso, en aquel momento Yanira Colón, anunció que acudirían en alzada para obtener nuevas determinaciones de causa para arresto para contra los cuatro a los que no se les encontró causa para arresto.
- 23 de mayo – La fiscalía tenía 60 días para solicitar vista en alzada para no dejar pasar las acusaciones, y así lo hizo este día.
- 21 de agosto – El juez Aldo González Quesada pospuso la vista en alzada en regla 6 contra los cuatro estudiantes a quienes se les encontró no causa para arresto. No pudieron celebrar la vista porque el agente que investigó el caso, Luis Muñiz Rodríguez, tuvo problemas de salud.
- 12 de septiembre – Vuelven a posponer la vista en alzada contra los cuatro estudiantes por las mismas razones: El exagente Muñiz se encontraba en Florida recibiendo atención médica.
- 1 de diciembre –Celebración de vista en alzada: Encuentran causa para arresto contra los cuatro por motín, más no causa por delito de escalamiento.
En mayo de 2017, el Departamento de Justicia, bajo el mandato de la actual gobernadora Wanda Vázquez, obtuvo una orden de allanamiento de las redes sociales de los medios estudiantiles Centro de Comunicación Estudiantil, Diálogo y Pulso Estudiantil como parte del proceso de investigación del evento del 27 de abril de 2017. Tal evento fue informado al público y a los periódicos digitales dos años después.
2018
- 26 de febrero – Comienza vista preliminar para determinar causa para juicio contra siete estudiantes por los delitos de empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública, daño agravado, restricción de libertad agravada y por violar el derecho de reunión. Asimismo, cuatro de ellos tenían cargos por motín.
- 15 de marzo – Vista en que se presentó testimonio de oficial de seguridad privada, Manuel Valentín Laureano.
- 14 de septiembre – Encuentran causa para juicio por delitos graves contra cinco de los siete estudiantes. No obstante, encontraron no causa contra los otros dos, quienes ahora solo enfrentan cargos menores.
- 7 de noviembre – Posponen vista pública preliminar para dar seguimiento al caso por falta de tiempo de la jueza Wanda Cruz Ayala para atenderlo.
2019
- 10 de septiembre – Los abogados de defensa presentan moción ante el Tribunal Supremo, última etapa del proceso judicial, en la que expusieron que la acusación contra los estudiantes se realizó de manera selectiva ya que entre 40 y 50 estudiantes participaron en la manifestación. Tomaron la determinación tras obtener un memorando de la jefa de fiscales en el que consideraron que se evidencia que el ministerio público acusó a los jóvenes de manera selectiva por su afiliación a organizaciones políticas que estaban en contra de las políticas de la UPR y el gobierno. Añadieron que el caso podría caerse.
- 16 de septiembre – Vista en la que la jueza se reservó el fallo sobre desestimación de caso contra los estudiantes.
- 2 de diciembre – Para atender la moción de procesamiento selectivo realizado por la defensa, el ahora exagente investigador del caso, Muñiz Rodríguez, fue citado a comparecer, por videollamada, a una vista en la que debía explicar cómo identificó a los estudiantes durante su investigación como agente de la Policía en 2017. Debido a que el estado se negó a costear el viaje del exfuncionario, uno de los abogados de defensa se ofreció a viajar a Orlando para estar junto al testigo de la fiscalía.
2020
- 21 de enero – Se pospuso vista evidenciaría. A pesar de que el exagente Muñiz Rodríguez compareció por vídeo llamada, la defensa consideró inefectiva la videollamada como medio para la gestión debido que considera que vulnera el derecho que tienen para confrontar al testigo.
- 13 de febrero – Fecha a la que fue pospuesta la vista evidenciaría.
- 24 de marzo – Fecha del juicio por jurado.
La defensa ha expresado que, desde el inicio del proceso judicial, no han recibido una investigación completa de la Policía sobre cómo identificaron a los estudiantes. Asimismo, desde el principio del caso, el exagente investigador comunicó que había identificado a los estudiantes con la ayuda de un informante confidente.
Actualmente, los siete estudiantes que aún enfrentan cargos son Verónica Figueroa Huertas, Randiel Negrón Torres, Francisco Santiago Cintrón, Thaliangelly Torres González, Gabriel Díaz Rivera, Alexa Paola Figueroa Carrasquillo y Juan Carlos Collazo. Todos enfrentan delitos graves y menos graves, con excepción de los últimos dos quienes solo tienen cargos menores.
AMRC
