Por: Angely M. García Ortíz / Twitter: @belvlugxsi
La Escuela de Arquitectura del recinto de Río Piedras, de la Universidad de Puerto Rico (UPR), rechazó el recorte de $300 millones al presupuesto institucional propuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF) y denunció la falta de transparencia en la presentación del Plan Fiscal.
La Escuela expresó, en un comunicado de prensa, que se debe “considerar una reestructuración administrativa como medida inicial, auscultar en las distintas facultades y recintos medidas que puedan implantar para recibir fondos externos, rechazar un aumento de matrícula como primera opción dentro del Plan Fiscal y rechazar cualquier reducción del financiamiento público de la UPR”.
Ayer, en la Asamblea Extraordinaria, se enfatizó en la solicitud a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) de aplazar la presentación del Plan Fiscal de la UPR para el 31 de marzo, como pidió la JCF originalmente.
Actualmente, la administración universitaria pretende presentarlo el 15 de febrero −para que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, lo someta el próximo 28 de febrero. “Por lo tanto, se entregaría antes de la Asamblea del 22 de febrero y las propuestas no tendrán un insumo de la comunidad universitaria”, explicó Héctor J. Berdecía Hernández, representante ante el Consejo General de Estudiantes (CGE) por la Escuela.
En otros temas, se discutió la revisión del programa graduado. La escuela de Arquitectura cuenta con el programa PEP 1.5 −que prepara a los estudiantes de otros bachilleratos para la maestría en Arquitectura. Este proyecto se inició en el 2009, durante la administración del exdecano de Arquitectura, Francisco Rodríguez Suárez.
Sin embargo, según se informó en la asamblea, no cumple con la aprobación del Decanato de Estudios Graduados (DEGI) y las demás instancias universitarias.
Por la falta de legitimidad del programa, será eliminado a partir de agosto del 2017 y la Escuela pasará a ofrecer la maestría aprobada por el DEGI en 1997, que es exclusiva para estudiantes con bachillerato en Arquitectura o Diseño Ambiental.
El Comité Graduado de la Escuela de Arquitectura está trabajando, desde hace ocho meses, una propuesta para atender el problema de los estudios graduados y ofrecer una maestría acorde con los requerimientos del recinto y la agencia acreditadora.
Por otro lado, María del Mar Pérez Caro, en representación del cuerpo de Senadores Estudiantiles, presentó la política para la protección de los derechos de la comunidad transgénero −proyecto que busca que el Recinto adopte una política interna de no discriminación hacia las personas transgénero.
Se basó en la Dear Colleague Letter on Transgender Students, del 2016. Esta carta enfatiza en la inclusión de las personas transgénero en el artículo nueve de las Enmiendas de Educación de 1972 −ley federal que establece que ninguna persona puede ser excluida, negada o discriminada en base a su sexo.
“Queremos que este protocolo se acepte como algo propio de este recinto, porque entendemos que hay personas transgénero que sufren día a día de discrimen en nuestra comunidad universitaria”, recalcó la senadora. Los estudiantes presentes endosaron la propuesta.
En cuanto a las enmiendas propuestas al reglamento del Consejo de Estudiantes de Arquitectura, se redujo los representantes de la Junta Directiva y del Cuerpo de Representantes de 35 a 21.
Finalmente, se discutieron las actividades semestrales que serán: San Arrope, pautado para el segundo sábado del mes de marzo; y El Colectivo, que será el último miércoles del mismo mes.
