Los cinco estudiantes graduados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Río Piedras que aún enfrentan cargos criminales desde la huelga estudiantil en 2017 advirtieron hoy, miércoles, el riesgo de que el Departamento de Justicia aún retenga información confidencial de al menos 3,000 personas tras allanar las cuentas de la red social Facebook de tres medios de comunicación a raíz de la investigación en su contra.
“Estamos aquí presentes para mostrarles lo que entendemos que es el carpeteo del siglo 21”, destacó Francisco Santiago Cintrón, en conferencia de prensa esta mañana, al mostrar algunas copias que contienen información censurada que es parte de la evidencia en el caso judicial que enfrentan.
El Departamento de Justicia solicitó a Facebook, en 2017, la información de los medios de prensa digital Pulso Estudiantil, Diálogo UPR y el Centro de Comunicación Estudiantil para iniciar el proceso de investigación y radicar el caso contra el grupo de estudiantes. Esta gestión contó con la aprobación de la actual gobernadora, Wanda Vázquez Garced, quien era secretaria de Justicia en aquel entonces.
El grupo de graduados enfrenta varios cargos criminales tras interrumpir, junto con varias decenas de personas más, una reunión de la Junta de Gobierno el 27 de abril de 2017 en la que se aprobaría un aumento de matrícula para el año académico siguiente. La huelga estudiantil surgió precisamente para evitar dicho aumento, entre otros reclamos.
Piden que Justicia notifique a los usuarios
Ante la retención de información por parte de Justicia, los graduados le exigieron a la agencia que notifique a las miles de personas, que no están ligadas al caso, que su información personal figura entre las tres listas de datos que obtuvieron de las cuentas de Facebook de los tres medios digitales. Los documentos cuentan con más de 1,500 páginas, e incluyen direcciones físicas, números telefónicos, números de cuentas bancarias e información de familiares de los acusados, así como menores de edad y aspirantes a escaños políticos.
El estudiante graduado Randiel Negrón Torres advirtió que, aunque Justicia entregue los documentos digitales a los miles de usuarios, las personas no tendrán la certeza de que el Departamento retenga una copia de la información.
Inconsistencia en la gestión judicial
Además, Negrón Torres destacó una “doble vara” en el Departamento de Justicia en que, por ejemplo, al tratar casos criminales en que se acusa a representantes del partido de turno, el proceso judicial es muy débil e incluso las investigaciones las gestionan agencias federales. Mientras, aseguró que, en su caso, la agencia ha auscultado todas las posibilidades para sostenerlo, aún durante la pandemia, desde hace tres años y tres meses.
“El reclamo es uno: existe una doble vara, y necesitamos que el Departamento de Justicia trate a todas las personas por igual o que mire para adentro y haga autocrítica”, reiteró.
Por su parte, la estudiante graduada del Recinto de Ciencias Médicas Verónica Figueroa Huertas cuestionó lo siguiente: “¿Hasta dónde es capaz de llegar el Departamento de Justicia y el gobierno de Puerto Rico para probar casos que tienen un fuerte político? […] ¿Cuánta relevancia tiene que este caso se extienda tanto tiempo más de tres años y tres meses en el contexto [de pandemia] en que nos encontramos?”.
Además, Figueroa Huertas destacó que las acciones del cuerpo de la Policía y Justicia evidencian una tendencia del estado a no favorecer al pobre y al que lucha, al resaltar los arrestos de cuatro ciudadanos el pasado lunes frente al Departamento del Trabajo en Hato Rey y el arresto del activista Giovani Roberto durante la Caravana por la Vida el pasado mes de marzo.
