Una querella contra la Universidad Interamericana, presentada ante la Middle States desde julio de 2022, evidencia que la Junta de Sindicatos de la institución intervino “directamente en los trabajos de administración”, más, se involucró en conflictos de interés que benefician a suplidores de la universidad pero que a su vez perjudican la institución, reportó el medio Noticel.
El documento que ventila las irregularidades de la Junta de Sindicatos bajo la presidencia de José R. Muñoz Ávila fue presentado por Dominique A. Gilormini de Gracia quien, además de ser catedrático auxiliar de la Facultad de Derecho de la Interamericana, trabajó como ayudante ejecutivo del expresidente de la Universidad, Manuel Fernós López Cepero.
Mientras tanto, la Middle States evalúa la querella que, como consecuencia, podría poner en tela de juicio la entrega de fondos federales, mediante becas estudiantiles y préstamos, que constituyen cerca del 80 por ciento de los ingresos en la institución.
Entre las inquietudes presentes en la querella se establece que la Junta violentó requisitos de la Middle States para que existieran “límites de tiempo para los nombramientos de sus miembros”. Como resultado de una última enmienda a tales requisitos, realizada en 2007, “hoy hay sindicatos que llevan 30 y 40 años” siendo reelectos bajo el mismo cargo, señaló Noticel.
Según el medio, la Junta y Muñoz Ávila incumplieron con los siguientes términos: “no se han adherido a una política en contra de conflictos de interés”; “no hay un clima que fomente el respeto”; y no se siguió un proceso de querella justo e imparcial en la destitución de Gilormini de Gracia y López Cepero.
Asimismo, interfirieron en operaciones diarias que le confieren a la institución; no mantuvieron una gerencia fiscal adecuada; y fallaron en apoyar y respetar “la autoridad de Fernós López Cepero para mantener la autonomía administrativa de la institución”, expuso Noticel.
Parte de los problemas denunciados en la querella están relacionados al proyecto de construcción de un recinto en Orlando, Florida que fue manejado por un comité especial propio de la Junta y coordinado, en 2021, por Gilormini de Gracia bajo la presidencia de López Cepero.
Como dueña de la obra, la Interamericana es quien debe aprobar o desaprobar cambios en este tipo de proyectos.
No obstante, Gilormini de Gracia descubrió que la construcción era controlada por el abogado externo Andrew Cuevas y el arquitecto Ernesto González. Ambos propusieron un modelo de contrato propio del Instituto de Arquitectos (AIA) para que el arquitecto tuviera la autoridad de ordenar cambios en el proyecto.
Sin embargo, López Cepero rechazó el modelo AIA para evitar que el “presupuesto del proyecto se saliera de control”.
El conflicto de interés recae cuando Muñoz Ávila le pidió a Cuevas, quien ayudó a proponer el modelo rechazado de la AIA, un donativo para el torneo de golf de la universidad. El abogado informó a Gilormini de Gracia sobre este asunto en una reunión del comité especial el 10 de marzo.
“El abogado luego admitió, además, que Muñoz Ávila había tenido comunicaciones directas con él cuando eso estaba prohibido por los reglamentos de la institución, precisamente para que la Junta no tuviera intromisiones indebidas con la gerencia”, según Noticel.
El mismo día de la reunión, el Comité de Finanzas de la Junta discutió las propuestas de servicios de tres compañías de seguros, entre ellas Marsh Saldaña, con la que el equipo de Administración recomendó a la Junta no renovar contrato.
El presidente de la empresa Intelligence Forecasting Corp. y consultor de la Junta, Manuel Maldonado Cotto, recomendó renovar con Marsh Saldaña debido a que era tarde para cambiar de compañía.
Además, el medio Noticel reportó que Maldonado Cotto, quien se considera “experto en seguros por más de 25 años”, aconsejó solicitar un descuento por “insatisfacción con el servicio” que recibieron de la compañía aseguradora.
No obstante, López Cepero supo mediante el exsubcomisionado de Seguros Rafael Cestero Lopategui que “Maldonado Cotto tenía que estar licenciado en la industria de seguros para representarse como «experto».
Asimismo, el descuento que el consultor sugirió solicitar es ilegal porque viola el Código de Seguros, y la limitación de tiempo que presentó como justificación para que decidieran continuar con Marsh no existía, supo Noticel.
Aun así, Muñoz Ávila también le pidió un donativo a Maldonado Cotto, quien a su vez era consultor de la Marsh, para el torneo de golf mientras todavía continuaban las evaluaciones de las compañías aseguradoras.
Entre el 21 y 23 de marzo, el expresidente de la Inter le comunicó al presidente de la Junta (Muñoz Ávila) sobre el conflicto con las aseveraciones de Maldonado Cotto.
Durante la reunión de la Junta del 23 para discutir la selección de la aseguradora Marsh, “excluyeron al propio presidente (López Cepero) y hasta al director ejecutivo de la Junta, quien usualmente toma notas y mantiene la grabación”, informó Noticel
Por su parte, Maldonado Cotto sustituyó al director ejecutivo aunque sus acciones cuestionables fueron discutidas con la Junta.
Después de la reunión, le ordenaron a López Cepero a destituir a Gilormini de Gracia de su cargo como ayudante ejecutivo. El catedrático auxiliar expresó, a través de la querella, que no tuvo oportunidad de ser escuchado y que aún no le establecen formalmente las razones de su destitución, señaló Noticel en su reportaje.
La permanencia o destitución de Gilormini de Gracia le correspondía a López Cepero y no a la Junta tras haber sido contratado directamente por el expresidente de la Universidad.
López Cepero, quien ejerció durante 23 años, fue destituido de su cargo en mayo de 2022 luego de haber notificado a Muñoz Ávila lo que entendía era un conflicto de interés “de varios miembros de este organismo (la Junta) en un proceso de licitación de dicho cuerpo rector”, notificó el expresidente en declaraciones escritas a Noticel.
Al momento de su despido, el expresidente indicó que presentaría una acción legal en contra de la Junta de Sindicatos. Añadió que no le “expresaron las razones para su destitución”, según el medio.
El conjunto de tales sucesos desató parte de las dinámicas presentadas en la querella que muestran la intromisión de la Junta de Sindicatos en asuntos administrativos de la universidad.
