La Universidad de Puerto Rico (UPR) se balancea en un hilo con la posible aprobación de la Ley 53, mejor conocida como Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico, por lo cual docentes y no docentes han recurrido a protestar en contra de la legislación.
Cabe destacar que esta medida legislativa no es lo único que pone en jaque el funcionamiento del primer centro docente del país. Se pueden recalcar una serie de fallas en el sistema UPR provocados por la mala administración que atentan contra la institución, sus estudiantes y el personal.
La huelga del 2017 sirve como punto de partida para identificar las fallas sistemáticas en los últimos cinco años.
Ante el recorte de $512 millones que exigió la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al sistema UPR, los estudiantes decretaron en aquel entonces, en una Asamblea Nacional, una huelga sistémica, para reclamar su oposición ante las medidas presupuestarias. Nueve de once recintos aprobaron huelga.
Sin embargo, la UPR en Aguadilla y el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) no se unieron a los reclamos.
En el transcurso de la huelga por parte del estudiantado, el personal administrativo de la institución intentaba manejar la situación en torno al plan fiscal. La entonces presidenta interina, Nivia Fernández Hernández, le presentó a la Junta de Gobierno de la universidad “distintos escenarios” trabajados con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).
Fernández Hernández sugirió un Plan Fiscal ante el cuerpo rector, pero el ente rechazó la proposición. Ante la disparidad, se imposibilitó que la administración le entregara un Plan Fiscal a la JSF.
La huelga continuó su curso mientras que personal administrativo renunciaba a sus cargos.
En el mes de mayo del 2017, Fernández Hernández; Carmen Rivera Vega, rectora interina de la UPR en Río Piedras (UPRRP); Carlos Pérez Díaz, Carlos del Río y Frank Catalá Morales, miembros de la Junta de Gobierno, desistieron de sus puestos.
Ante la situación, la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), ente acreditador de las instituciones de educación superior en Puerto Rico, colocó en probatoria a ocho recintos. De acuerdo con el organismo, no contaban con evidencia de que los recintos tenían estabilidad financiera para su operación.
La huelga culminó en junio de ese año, mientras que el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares intercambiaba el Plan Fiscal con la JSF a diez años, que implicaba más recortes a la UPR que a corporaciones privadas. El sector privado sufriría un 17 por ciento de los cortes a subsidios, mientras que la UPR recibiría un 49 por ciento.
Frente a la disminución del presupuesto, presentamos una cronología de las fallas hacia la UPR.
2018
En marzo, estudiantes del Recinto de Mayagüez (RUM) alertaron sobre un estudio que identificó un alto grado de casos de hostigamiento sexual en el recinto. La encuesta, realizada a 1,200 estudiantes, reflejó que el 53.2 por ciento se sintió hostigado por otro estudiante, 39 por ciento por algún miembro de la facultad, y otro 57.6 por empleados no docentes.
Para agosto, tras la aprobación del Plan Fiscal de la UPR, la matrícula aumentó de $56 a $115 por crédito. El costo de maestría subió de $143 a $175 por crédito, mientras que en el caso del RCM, el aumento varió por escuela en el recinto.
Para junio de ese año, un total de 375 estudiantes de la UPRRP fueron desalojados de la residencia Torre Norte, que cerraron para remodelaciones tras el paso del huracán María. Actualmente, el edificio continúa cerrado, lo que implica menos accesibilidad a viviendas económicas y seguras para el estudiantado.
En ese mismo mes, estudiantes y empleados denunciaron irregularidades administrativas en UPR Humacao, ante nombramientos cuestionables, alegado uso ilegal del vehículo oficial y desconocimiento de los procesos administrativos en la gestión universitaria por parte del entonces rector interino Héctor Ríos Maury. La exigencia de investigar la situación surgió ante el ambiente conflictivo y hostil que, alegadamente, imperaba en el recinto desde la llegada de Ríos Maury.
En agosto, cuando nombraron a Jorge Haddock Acevedo como presidente de la UPR, se señaló que su contrato fue firmado bajo incumplimiento del reglamento de la institución. El contrato violaba dos cláusulas, con respecto a su salario y la contratación de sus servicios. Haddock Acevedo devengaría $240 mil, mientras el reglamento de la Universidad fijaba el salario anual del presidente a $105 mil. Además, el contrato de Haddock Acevedo fue firmado bajo servicios personales, un término utilizado por primera vez para este puesto, y cuya definición legal no es la misma que la de un cargo de confianza según el Reglamento General de la UPR.
Para noviembre, la NASA, el Departamento de Energía de Estados Unidos y la Fundación Nacional de Ciencias denunciaron a la UPR por mal manejo de fondos. Como consecuencia, la UPR tendría que devolver 1.8 millones por no optar en informar los salarios de los programas de subsidios.
2019
A principios de año, la MSCHE clasificó a los 11 recintos del sistema universitario público en “show cause”, estatus por debajo de la probatoria, porque no entregaron los estados financieros auditados en la fecha límite del 31 de diciembre de 2018.
A dos años de los señalamientos de casos de hostigamiento sexual en el RUM, Haddock Acevedo rindió un informe ante la Junta de Gobierno en el que presentaba un total de 73 quejas y 15 querellas sobre hostigamiento sexual alrededor de las unidades de la UPR. Esto levantó reclamos entre los universitarios y la administración para que se atendiese con importancia.
A comienzos del semestre académico 2019-2020, representantes estudiantiles denunciaron la falta de transparencia con la nueva política de ayudas económicas. Los representantes aseguraron que la administración de la institución no fue completamente transparente con el estudiantado sobre las ayudas económicas, condenando la falta de información completa para los universitarios y la falta de preparación del personal de las oficinas de asistencia económica.
En septiembre, el Senado investigó la situación de hostigamiento sexual y reveló que existen fallos en los protocolos universitarios para proteger a las víctimas. El informe detalló que los protocolos fracasan en incentivar que una víctima denuncie a su agresor e indicó que la mayoría de los estudiantes y empleados desconocen de los pasos a seguir en caso de ser víctimas de acoso. La Comisión Especial del Senado recomendó mejorar el protocolo.
2020
En enero, Haddock Acevedo le solicitó a la Junta de Gobierno de la institución detener el pago de nómina, beneficios u otro gasto a personal docente durante el período en los que los recintos permanecieron cerrados entre agosto y noviembre de 2019. En este tiempo, ocurrieron paros de 36, 48 y 72 horas en múltiples recintos para denunciar la falta de información sobre ayudas económicas y los recortes presupuestarios. La petición se basó en la Ley 90 de 2017 que obliga a la Junta de Gobierno a detener el desembolso de fondos públicos en aquellas unidades académicas donde se detengan las labores como consecuencia de un paro, huelga o manifestación.
Ese mismo mes, la residencia universitaria ResiCampus, en Río Piedras, fue clausurada para mejoras en infraestructura. Esto implicó que, como en Torre Norte, los estudiantes perdieran la accesibilidad a vivienda económica. Actualmente, la residencia continúa inhabitable.
2021
Ante el incumplimiento del requisito de docentes contratados en la Escuela de Derecho de Río Piedras, el programa entra en peligro de perder la acreditación otorgada por la American Bar Association. A pesar de que, como requisito, se necesita cubrir ocho plazas de docentes, el Decanato de Asuntos Académicos de la universidad declaró que solo se otorga una plaza de enseñanza.
Un programa que sí perdió la acreditación fue el programa de Neurocirugía del RCM, por un déficit de equipo y personal médico que experimentan desde antes del 2019. Bajo el mando de la JSF, el RCM sufrió un recorte en su presupuesto de $17 millones que redujo la capacidad de contratar personal y cumplir con otros requisitos de acreditación.
En junio, se estimó que el recorte de 50 por ciento del presupuesto asignado a la Estación Experimental Agrícola (EEA) provisto por la UPR pone en riesgo el cierre del organismo. La EEA provee servicios de importancia para los agricultores locales, como venta de semillas, análisis de suelos y medidas para contrarrestar plagas y hongos. El recorte reduce el presupuesto de $12 millones a $6 millones para la operación del organismo.
Por su parte, en una grabación filtrada, se circularon por las redes sociales, las expresiones de la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, en las que se cuestiona la existencia de las 11 unidades de la UPR.
“¿Por qué tenemos 11 recintos? ¿Por qué no hay cuatro y vendemos tres, y recaudamos dinero?”, preguntó la funcionaria en una reunión con el personal de la institución.
Actualmente, la lucha universitaria reside ante la aprobación de la Ley 53 que condiciona a la UPR con un presupuesto fijo de $500 millones por los próximos cinco años. Como consecuencia de esta decisión legislativa, la institución está en riesgo de un aumento en sus recortes, la falta de aportaciones al sistema de retiro, el incumplimiento de requisitos de agencias acreditadoras, incremento en matrícula y otros servicios educativos. La UPR estaría operando con insuficiencia presupuestaria, lo que pone en peligro su funcionamiento.
Las fallas sistemáticas de la UPR implican un peligro a la institución, al estudiantado, al personal docente y al país entero, pues trastoca la oportunidad de contar con una universidad pública y accesible.
